El 17 de enero se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual se expide la Ley Federal De Protección Del Patrimonio Cultural De Los Pueblos y Comunidades Indígenas Y Afromexicanas, el cual entró en vigor el 18 de enero de 2022.

Esta ley tiene como objetivo el reconocimiento y protección al derecho colectivo de propiedad del que son titulares los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre su patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como a las manifestaciones asociadas a los mismos que, de manera continua o discontinua, han practicado y les fueron transmitidos por miembros de su propia comunidad de generaciones previas, con base en los siguientes principios:

• Bioculturalidad
• Comunalidad
• Distribución justa y equitativa de beneficios
• Igualdad de género
• Igualdad de las culturas y no discriminación
• Libre determinación y autonomía
• Libre expresión de las ideas y manifestaciones de la cultura e identidad
• Pluralismo jurídico
• Pluriculturalidad e interculturalidad
• Respecto a la diversidad cultural

Este derecho de propiedad se reconoce como: inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable y de naturaleza colectiva.

Entre los aspectos más relevantes de esta ley, se encuentran los siguientes:

Se califican de nulos los acuerdos celebrados por integrantes de la comunidad a título individual con terceros sobre sobre el patrimonio colectivo.  Sin embargo, por otra parte, se admite la coexistencia de una propiedad colectiva en dos o más comunidades sobre una misma materia de patrimonio cultural, siempre que exista acuerdo entre las comunidades involucradas.

Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público.

Se establecen y definen términos respecto al uso, disfrute y aprovechamiento del patrimonio cultural y su utilización por terceros.  Lo anterior, introduciendo la figura de un contrato de autorización celebrado entre los cotitulares de la propiedad colectiva y terceros autorizados.

>Esta autorización temporal, en favor de terceros, podrá establecerse hasta por 5 años.

Las disputas que surjan en relación con las cuestiones que se susciten sobre el marco de esta ley serán resueltas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor a través de mediación o procedimiento de queja, a elección de la comunidad o pueblo relacionado con el asunto.

Se define y regula la apropiación indebida de estos activos por medio de conductas que impliquen su uso no autorizado, o bien, la realización de actos usurpando la calidad de propietario. El derecho para reclamar lo anterior no prescribirá y podrá ejercerse en todo momento a través de sus autoridades o instituciones representativas.

Esta nueva regulación también incluye un catálogo de infracciones y delitos relacionados con el aprovechamiento indebido y uso no autorizado de los elementos del patrimonio colectivo.

El reconocimiento o registro sobre algún elemento del patrimonio cultural no podrá oponerse en una calidad exclusiva frente a otros pueblos y comunidades.

La ley hace énfasis en la protección de las tradiciones, costumbres, ceremonias espirituales, lugares sagrados, objetos de culto y sistemas simbólicos.

Por último, se constituyen, respectivamente, el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, como mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación interinstitucional del gobierno federal, con la participación de los pueblos y comunidades; y el Registro Nacional del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas como un instrumento para identificar, catalogar, registrar y documentar las manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades. Ante éste último, se podrán solicitar registros, incluso, cuando exista disputa con terceros, simplemente realizando la anotación correspondiente.

En Hogan Lovells, estamos disponibles y listos para apoyarlos con consultas relacionadas con la regulación descrita, así como con cualquier otro asunto legal.

Authored by Edgar Mata and Montserrat González.